Durante el año 2011 y 2012 hubo grandes movimientos
sociales, dentro de los cuales se encuentran los que fueron llevados a cabo por
la gente que habita en las ciudades de Calama y en la región de Aysén.
Pese a sus diferencias, dichos movimientos sociales
presentan grandes características comunes y representan una sensibilidad que se
expande a lo largo del país y con mayor énfasis en las comunas y ciudades
alejadas de Santiago. De hecho, es posible que el sentimiento de postergación y
autonomía sea directamente proporcional a la distancia que hay de la capital.
Para argumentar mis ideas, me centraré en las demandas de Calama, ya que es la
realidad que conozco más y de la cual tengo más datos.
¿Cuál es el trasfondo de sus demandas? A mi juicio,
sus demandas se deben entender en un doble plano, combinando pretensiones de
reconocimiento y redistribución. La primera dimensión es más abstracta y
compleja a la vez, ya que tiene que ver con la necesidad de pertenencia, protección
de costumbres y cultura local, que distan bastante de los que se promueven a
nivel central. En ese sentido, un dato a tener en cuenta, es que en Calama la
cantidad de personas que se declara ser parte de una etnia indígena es de un
13,11% de la población[1],
superior considerablemente a la media nacional (7% aproximado). Estas serían
las demandas de reconocimiento[2].
La segunda, dice relación con la debida correlación
que debe existir entre los ingresos que se generan en el lugar y la calidad de
vida que se tiene. Relación que dista mucho de ser equilibrada. Por ejemplo, si
lo vemos en términos de la riqueza per cápita que se produce en Chile, la
Región de Antofagasta, aporte tres veces más (17,7%) que el promedio nacional
(5,3%) y más del doble que la Región Metropolitana (6,2%). Para una mejor
ilustración cito lo señalado en el informe territorial de la Biblioteca del
Congreso Nacional:
“En
términos de PIB regional per cápita, la Región de Antofagasta genera un valor
tres veces superior al promedio nacional, seguida por Tarapacá con un PIB per cápita
que duplica el promedio nacional”[3].
Pese a lo anterior, la ciudad de Calama presenta un
índice paupérrimo de calidad de vida. Según estudios que miden la calidad de
vida de las comunas, con variables que toman en consideración: espacios
públicos y áreas verdes, calidad de educación, salud, transporte y seguridad. De
66 comunas medidas, Calama aparece recién en el lugar 50[4].
Estas serían demandas de redistribución.
¿Son justificadas las razones de fondo de sus
demandas? Si examinamos las demandas de
Calama, bajo la óptica propuesta, podemos concluir que ellas no son fruto del
capricho de sus habitantes. En el plano de la redistribución, la justicia de
sus demandas es clara y se da en el simple hecho de que sus habitantes, en lo
que se refiere a los recursos para administrar y gestionar su vida en común, es
decir, la vida diaria en su ciudad, no es equilibrada en razón a la riqueza que
generan. Una relación es justa cuando lo que se genera y lo que se obtiene, se
encuentra en equilibrio o en un grado de desequilibrio aceptable. En cambio en
éste caso, el desequilibrio no es aceptable y no se esgrime una razón
justificable para ello.
En cuanto a las demandas de reconocimiento, la
justicia de las demandas, se da en el hecho, del menosprecio constante y
permanente que ha sufrido la cultura nortina, su historia y forma de vida por
parte del resto del país. No vale la pena reproducir la forma despectiva en la
que se refieren a los habitantes del norte, la gente que habita el centro de
Chile. De igual forma, no existe el debido respeto en las condiciones de
trabajo y medioambientales que tienen ciudades como Calama. Ello se expresa
–entre muchos otros ejemplos que se podrían dar- en el desprecio que han tenido
las autoridades e instituciones, en el cuidado del medio ambiente y salud de
las personas que habitan en el norte. Como señala Taylor:
“El
reconocimiento debido no sólo es una cortesía que debemos a los demás: es una
necesidad humana vital”.[5]
¿Soluciones? Tomando en consideración el trasfondo del
problema, podemos abordar sus soluciones bajo tres ópticas. La primera es negar
la existencia de las dimensiones del problema que he planteado y pensar que las
movilizaciones de la población de Calama y otras, sólo responden a los
intereses políticos de sus dirigentes. Esta es la óptica que tiene la derecha y
en especial la UDI. Ella se puede apreciar en el documento de su think tank: Libertad y Desarrollo, en el
cual se preguntaban si las movilizaciones de marzo de 2012 eran justificadas.
Luego de constatar de que el “nivel de vida” de los calameños era muy superior
a la del resto del país -sólo considerando los salarios de sus habitantes-,
concluyen que sus demandas son injustificadas y responden a “intereses”
políticos. Al respecto señala el informe de Libertad y Desarrollo:
“El
llamado a movilizarse de Calama muestra nuevamente que los petitorios de los
dirigentes responden más a inquietudes políticas que a las necesidades locales.
Siendo legítimo el derecho a expresar sus opiniones, nos parece que las
demandas tienen un límite cuando las personas que las exigen tienen un nivel de
bienestar muy superior al resto de los chilenos”[6].
De esta forma, las soluciones que plantean desde dicho
sector político, se hacen desde la negación del problema y por ende de la
comprensión de las pretensiones de los movimientos sociales como los de Calama.
Con ello sus propuestas –por ejemplo: Ley Calama del Diputado Felipe Ward- son
insatisfactorias y no entienden las dimensiones de las demandas realizadas por
el movimiento social de Calama.
La segunda forma de abordar el asunto, es mirar sólo
una de las dimensiones del problema, siendo a primera vista las demandas de
redistribución, como las más llamativas. Así las propuestas de Fondenor y
recursos permanentes de las utilidades que genera la extracción de cobre,
podrían ir en el sentido correcto a corto y mediano plazo, pero se volverían
insuficientes a largo plazo, si no se combinan con políticas de reconocimiento.
La tercera perspectiva y que permite ver la completa
dimensión de la cuestión, es sumar a las legítimas demandas de redistribución,
políticas de reconocimiento. Estas políticas, implicaría otorgar mayores
competencias a los territorios, dándoles la posibilidad de que puedan generar y
gestionar sus propias políticas públicas. Implicaría entregar a las comunas y
regiones poderes reales para el gobierno local. Estas políticas, son
absolutamente posibles en el plano legal –con las respectivas reformas en las
Leyes orgánicas que rigen la materia- y permitirían que las comunas y regiones,
puedan gestionar debidamente las particularidades de sus territorios.
A mi juicio, la única forma de avanzar con paso firme
en cohesionar nuestro país, pasa porque asumamos las diferencias que tiene en
su interior y entreguemos los poderes y competencias respectivas, para que sean
los habitantes de los respectivos territorios los que generen las políticas que
estimen más convenientes. Políticas que apunten en la redistribución y el
reconocimiento son las que se deben impulsar.
[1] Datos aportados por la Biblioteca del Congreso Nacional y
disponibles en: http://reportescomunales.bcn.cl/index.php/Calama#Poblaci.C3.B3n_seg.C3.BAn_etnia_declarada_Casen_2003-2006-2009
[2]
Sobre demandas de reconocimiento y su contenido ver –entre otros- a: TAYLOR,
Charles. El multiculturalismo y “la
política del reconocimiento”. Ciudad de México, Fondo de cultura económica,
246p. Asimismo, para revisar la tensión entre redistribución y reconocimiento,
puede consultar: FRASER, Nancy y HONNETH, Axel. ¿Redistribución o reconocimiento. Madrid, Morata, 207p.
[3]
Datos aportados por la Biblioteca del Congreso Nacional y disponibles en: http://siit2.bcn.cl/actualidad-territorial/pibregionalporsectores/document_view2
[5] TAYLOR,
Charles. Ob., cit., p. 55.
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